Antonio Carbia señaló que esta discusión debe enmarcarse en la crisis de vivienda que atraviesa la Ciudad de México, describiendo el fenómeno como una mafia articulada de fraude, violencia, falsificación y colusión entre delincuentes profesionales, donde las víctimas llegan a sus propias casas y se encuentran con las cerraduras cambiadas y personas viviendo dentro, además de enfrentar denuncias penales por despojo de su propia vivienda. Explicó que detrás de esta red operan escrituras falsificadas y notarios coludidos, con intimidación constante hacia las víctimas.
Criticó la reacción de la jefa de gobierno, calificándola de reflejo de la ausencia de planeación coordinada, señalando que la respuesta típica de aumentar penas no resuelve nada de fondo cuando de 25 mil carpetas de investigación abiertas desde 2020 solo el 2 por ciento ha llegado a sentencia, evidenciando un nivel de impunidad gravísimo. Advirtió que el problema involucra al sistema judicial, el Registro Público de la Propiedad, la Fiscalía, la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las propias alcaldías, y que se trata de un fenómeno denunciado durante años sin atención suficiente, cuestionando por qué la supermayoría de Morena no ha convocado a un periodo extraordinario para atenderlo de inmediato.
Andrés Sánchez intervino señalando que vivimos en un país en el que el SAT sabe quién le compró a quién, pero no se puede escriturar con la misma eficiencia, ironizando sobre la contradicción de tener un aparato fiscal tecnológicamente sofisticado mientras el Registro Público de la Propiedad y el sistema notarial permiten que prospere una red de despojo tan burda.
Pablo Emilio García respondió que antes de que el tema se discutiera públicamente ya se trabajaba en una reforma que amplía la definición de despojador para incluir no solo a quien invade con violencia sino también a las redes de cuello blanco, abogados, jueces y notarios cómplices, cambio ya incorporado al Código Penal. Señaló que la incidencia del delito ha bajado desde 2021 y que la meta es reducirla a cero, anunciando que la próxima semana la jefa de gobierno lanzará una red de cien abogados al servicio de la ciudadanía, que arrancará el lunes en el Zócalo, como parte del refuerzo de atención a esta problemática con la participación necesaria de todas las instancias involucradas, incluidas las alcaldías.