Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la CDMX:
Cuestionó la asignación de un contrato multianual para la operación y ampliación de Ecobici, al señalar que la empresa beneficiada ha sido sancionada anteriormente por incumplimientos, falta de mantenimiento y deficiencias en el servicio. Consideró preocupante que se le otorgue un contrato por más de dos mil millones de pesos y por un periodo de 10 años, además de cuestionar el posible manejo de los ingresos por publicidad. Afirmó que el proceso de licitación presenta señales de opacidad y pidió transparentar las empresas participantes, las condiciones del contrato y los criterios utilizados para elegir al proveedor.
Paulo García, diputado de Morena en el Congreso de la CDMX:
Defendió el nuevo contrato de Ecobici y explicó que su objetivo es ampliar la red de bicicletas públicas hacia zonas como Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan, Azcapotzalco y Coyoacán. Señaló que los contratos multianuales son legales cuando se trata de infraestructura y sostuvo que cualquier incumplimiento de la empresa puede generar consecuencias conforme a las cláusulas establecidas. Destacó que la red pasará de aproximadamente nueve mil 300 a 15 mil bicicletas y contará con más de mil cien cicloestaciones. También afirmó que, al concluir el contrato, las bicicletas y estaciones pasarán a ser patrimonio del gobierno capitalino. Rechazó las acusaciones de corrupción y cuestionó que la oposición critique un contrato cuyos detalles aún no son públicos.
Diego Garrido, diputado del PAN en el Congreso de la CDMX:
Criticó que el gobierno capitalino otorgue un contrato de diez años a una empresa que, según señaló, ha recibido multas por incumplimientos relacionados con el servicio de Ecobici. Cuestionó que no se realicen evaluaciones periódicas para determinar si la empresa debe continuar operando y pidió conocer las cláusulas del contrato antes de comprometer recursos públicos durante una década. También expresó preocupación por la posibilidad de que el proveedor obtenga derechos sobre la explotación publicitaria de las bicicletas y estaciones, al considerar que podría representar un beneficio económico adicional. Señaló que el proceso de licitación fue demasiado rápido para un contrato de esta magnitud y pidió transparencia sobre las empresas participantes, las condiciones económicas y el destino de los recursos.
Royfid Torres, coordinador de diputados de MC en el Congreso de la CDMX:
Señaló que el proceso de contratación genera dudas por el tiempo reducido de la licitación y por la falta de información pública sobre el contrato y la empresa seleccionada. Consideró que la ampliación del servicio de Ecobici debe acompañarse de condiciones claras, objetivos verificables y mecanismos de evaluación. Cuestionó que se pretenda compensar parte de los costos de operación mediante los ingresos por publicidad y advirtió que el servicio ha presentado deficiencias, falta de mantenimiento y multas por incumplimientos. También destacó la necesidad de conocer públicamente las empresas que participaron y las condiciones bajo las cuales se realizó la adjudicación, para garantizar transparencia y evitar cualquier posible conflicto de interés.