Jesús Sesma Suárez detalló una iniciativa legislativa para agravar las penas por delitos ambientales como la tala ilegal, la venta de fauna en peligro de extinción y la contaminación de suelos y subsuelos.

Señaló que el crimen organizado ha mutado hacia estos delitos debido a su alta rentabilidad y bajas sanciones, citando que en 2022 México perdió 1.2 billones de pesos por degradación ambiental, equivalente al 4% del PIB, y se deforestaron 500 mil hectáreas. Afirmó que la ley debe ser igualitaria, aplicando sanciones severas, reparación económica e indemnización tanto a particulares como a grandes empresas, independientemente de su estatus, para garantizar que el contaminante pague por los daños irreparables o de larga recuperación.

Destacó la necesidad de un Poder Judicial y fiscalías especializadas que eliminen la impunidad, asegurando que el Partido Verde mantendrá su presión legislativa hasta lograr la aprobación de estas medidas en el próximo periodo.