La Fiscalía para Delitos Ambientales de la Ciudad de México investiga un mercado negro de hologramas de verificación vehicular apócrifos, comercializados en internet y por gestores externos a los centros autorizados. El objetivo de los usuarios es evadir el pago de derechos y la regularización de verificaciones pendientes. Durante 2026, se han iniciado 22 carpetas de investigación por alteración de documentos. Las autoridades advierten que el uso de estos documentos falsos conlleva sanciones penales que oscilan entre los tres y nueve años de prisión, según el Código Penal de la capital.